El alcalde de Las Rozas de Madrid, José de la Uz, ha remitido una carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en la que expresa su preocupación por la situación que, según el Consistorio, está generando un posible desbordamiento de los servicios municipales, especialmente en el área de Servicios Sociales, a raíz del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Ejecutivo central.
En su escrito, el regidor traslada una queja institucional por las consecuencias que la aplicación del Real Decreto del Gobierno de España está teniendo en el funcionamiento ordinario de la administración local y en la atención a los vecinos del municipio. Según el Ayuntamiento, la gestión de este procedimiento está provocando importantes dificultades organizativas y operativas.
El Consistorio de Las Rozas señala, además, la falta de concreción en los criterios para acreditar la situación de vulnerabilidad dentro del proceso, lo que estaría generando incertidumbre entre los profesionales municipales. En este sentido, el Ayuntamiento denuncia la ausencia de una definición clara de competencias, procedimientos y parámetros técnicos para realizar estas valoraciones.
Falta de medios y petición de respuesta urgente
Asimismo, el equipo de gobierno local advierte de que los ayuntamientos están afrontando esta carga administrativa sin recursos adicionales, sin financiación específica y sin plazos de adaptación, lo que podría derivar en un riesgo de colapso en la prestación de servicios esenciales si la situación se prolonga en el tiempo.
En su carta, José de la Uz solicita al Gobierno central que aclare qué profesionales municipales están habilitados para acreditar la situación de vulnerabilidad, y reclama la aprobación urgente de un marco técnico claro que permita homogeneizar los criterios de valoración. También pide dotación de recursos y financiación estatal para los consistorios, así como una posible ampliación de los plazos de tramitación de las solicitudes.
El alcalde insiste en que es necesaria una respuesta clara y urgente por parte del Ejecutivo para evitar un mayor perjuicio tanto en el funcionamiento de los servicios municipales como en la atención a la ciudadanía, subrayando la importancia de garantizar la seguridad jurídica de los profesionales implicados y la correcta prestación de los servicios públicos.